Manuel Saenz's Babbling Blog

La mayoría de nosotros tenemos el grado suficiente de urbanidad (civility) como para aceptar que, con el dinero público, el reparto no corresponda a la proporción alícuota de utilización o consumo que hagamos de los recursos. No pretendemos que quien use más las autopistas pague más impuestos, por ejemplo, o que pague más quien lleve a más niños al colegio o vaya más al médico. La situación cambia cuando se trata de recursos privados, sin embargo, y nos volvemos más escrupulosos con las asignaciones. La mayoría de nosotros encriptamos nuestras conexiones wi-fi o excluimos cualquier dispositivo para evitar que un vecino aprovechado navegue a costa de nuestra cuota mensual de internet. Lo hacemos sin contemplaciones, no nos preguntamos antes si el intruso hace un uso ligero de nuestro ancho de banda que permitiese una convivencia sin molestias.

Y sin embargo, inadvertidamente estamos costeando a menudo a nuestros vecinos, o haciendo que nos costeen (en este caso con más consciencia). ¿Acaso no pagamos nosotros lo mismo por nuestro uso de correo electrónico que el que paga un spammer cuando remite miles de correos no solicitados a una lista confeccionada sospechosamente? ¿No cuesta nuestra conexión tanto si descargamos películas como si no? No cabe duda de que el uso, y el efecto sobre el modelo, no es el mismo. De acuerdo a un estudio de la consultora Detecom, un 6% de los usuarios de banda ancha consumen un 66% de la capacidad total distribuida por los ISPs. Visto de otro modo: las operadoras podrían servir a un 94% de sus clientes a un 34% del coste actual. Y sin embargo, como si fuesen aseguradoras, aplican una ley de los grandes números a su modelo: cobran lo suficiente como para que, aún con los previsibles incómodos pasajeros que exprimen cada bit de sus circuitos, obtengan sus márgenes objetivo.

Dejando aparte la disponibilidad -bien asentada en el desconocimiendo de la situación- del 94% los usuarios a costear los hábitos del 6% restante, la situación actual sólo se explica por un exceso de capacidad en la red, de manera que el coste de oportunidad para los ISPs es pequeño. Sin embargo, el crecimiento en servicios y aplicaciones va a requerir un incremento adicional notable de la capacidad de la red para darles soporte, en cuyo proceso es posible que veamos situaciones -temporales o no- de estrangulamiento (tal y como cínicamente comentan desde STL Partners en su blog, «Video will kill the ISP Star«). Hace poco se publicaba la noticia de que para los operadores con red, llevar fibra óptica hasta el hogar va a representar entre 1.000 y 1.500€ por tendido. Ante tales inversiones, la rentabilidad obliga. ¿Querrán los operadores seguir apostando al grueso de la pieza o acaso comenzar a fijar blancos móviles, con la promesa de elevar varios cuerpos la rentabilidad? ¿Aceptaremos los usuarios la repercusión de los costes prorrateados, o se abrirán brechas entre la masa exigiendo pago a escote? 

Al defender la neutralidad de la red, muchos sostienen que el carácter abierto y no discriminatorio de internet no debería perderse, pero olvidan que internet se construye, hoy más que nunca, con iniciativas privadas fiadas a la promesa -más o menos lejana- de obtener un beneficio. Para que tengamos infraestructuras mañana que permitan acceso a nuevos servicios, es necesario que tanto las redes como los creadores de contenidos -incluso aquéllos que, como quien escribe, no reciben ingresos por la actividad, dependen de que la herramienta de publicación wordpress sea rentable en algún momento- reciban un modelo válido -desde el mercado- de supervivencia. Pretender otra cosa requerirá últimamente justificar la nacionalización o adscripción pública de la red para que sea costeada con cargo a presupuestos, tanto por quienes navegan como por los que no. El debate no es tanto admitir o no la neutralidad de la red –la red no podrá ser neutral ante su propia existencia-, sino más bien qué criterios son admisibles para discriminar el uso que cada uno de nosotros hacemos de ella.